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para oponerse a la privatización sanitaria

11/04/2013

LA PRIVATIZACION SANITARIA Y LA ESTRATEGIA
PARA DEFENDER LA SANIDAD PÚBLICA

http://www.fadsp.org/

La privatización sanitaria y la estrategia para defender la sanidad pública
federación de asociaciones para la defensa de la sanidad públicaEl triunfo electoral del Partido Popular en las elecciones para el Gobierno del
Estado y en la mayoría de las Comunidades Autónomas ha ido acompañado de
una aceleración de la política de desmantelamiento del sistema sanitario
público. El proceso de privatización sanitaria se ha venido desarrollando de
manera lenta pero continuada desde principios de los años 90 , siguiendo las
pautas marcadas por el Informe Abril que planteaba una serie de medidas
destinadas a crear un mercado sanitario con la competencia entre proveedores
públicos y privados: separar la financiación de la provisión de servicios
(imprescindible para crear un mercado de compra-venta de los mismos), pagar
por la asistencia (copago), potenciar el aseguramiento y trasformar los centros
sanitarios en empresas. Aunque estas medidas fueron paralizadas en un
principio por la enérgica respuesta de los sindicatos y de la FADSP, los
sucesivos gobiernos, centrales y autonómicos, las han ido desarrollando de
manera más o menos solapada (en cómodos plazos).
Ahora el PP está acelerando este proceso, aprovechando el enorme poder que
acumuló tras las últimas elecciones en las que consiguió mayoría absoluta en
el gobierno central y en gran parte de las Comunidades Autónomas. Con el
subterfugio de que la crisis económica y los límites al endeudamiento público
establecidos de la UE obligan a reducir gasto público, el Gobierno ha dado un
gran impulso al desmantelamiento y privatización de la sanidad, probablemente
con la finalidad de alcanzar una masa crítica que haga irreversible el cambio de
modelo sanitario.

Podríamos sintetizar esta política en tres grupos de medidas:
1.- Reducción del gasto sanitario público (11,6% del gasto per cápita entre
2010 y 2013), un total de mas de 7.500 millones € en este periodo.
2.- Cambiar los fundamentos del sistema: La promulgación del Real
Decreto Ley de medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema (RD
16/2012) incluye medidas de diferente naturaleza como el copago para los
medicamentos de los pensionistas, traslados no urgentes en ambulancia,
prótesis, ortesis, sillas de ruedas o alimentos especiales; la vinculación del
derecho a la asistencia a las cotizaciones laborales (potenciando el
aseguramiento privado); la exclusión de colectivos de población de la
cobertura del SNS; el fraccionamiento de la cartera de servicios
financiados y prestados por la sanidad pública estableciendo en una básico de
acceso gratuito y otras dos a financiar mediante copagos. Este conjunto de
medidas suponen la voladura controlada del derecho universal a la sanidad y
del acceso equitativo a la atención.
3.- Aceleración de la privatización y desmantelamiento de los servicios en
las CCAA gobernadas por los sectores más neoliberales del PP: Valencia,
Madrid, Galicia o Castilla la Mancha. Cabria destacar por su trascendencia
estratégica el recurso a la financiación privada de las nuevas infraestructuras
sanitarias (Iniciativa de Financiación privada-PFI, Concesiones, etc) que
multiplican los costes finales y dejan durante años los centros de salud y
hospitales en manos de consorcios privados, multinacionales sanitarias o
fondos de inversión de capital riesgo; o privatización de la provisión (que llaman
“externalización”) de servicios sanitarios y de apoyo.
Es decir se recorta gasto y se apuesta por una financiación que multiplica su
coste real (a pagar con cargo del gasto corriente para el funcionamiento de
hospitales y/o centros de atención primaria). Apostar por estas dos medidas
contradictorias hará insostenible económicamente al sistema público, y obligará
a muchos de los ciudadanos a completar las prestaciones sanitarias no
financiadas por un sistema público sin recursos suficientes, con seguros
privados complementarios.

Análisis por CCAA
Aunque las líneas generales de esta política son compartidas por todo el
sistema, algunas Comunidades Autónomas han avanzado más que otras
en el desmantelamiento y privatización sanitaria. Esta situación puede
explicar por qué un gobierno presidido por Aznar, político de una clara
trayectoria centralista, transfiriera las competencias sanitarias a los
gobiernos autonómicos, con la finalidad de que algunos de ellos pilotaran
la privatización sanitaria, y evitar una repuesta global y coordinada en
todo el Estado
Comunidad Valenciana
Esta CCAA ha sido la pionera en el desarrollo de la privatización. Fue la
primera en recurrir a la financiación, gestión y provisión de los servicios
sanitarios utilizando la figura jurídica de Obra Pública, para levantar nuevos
hospitales (el llamado modelo Alzira). El gobierno valenciano presidido por
Camps cedió este hospital a un consorcio integrado por la aseguradora
ADESLAS y Ribera Salud (Bancaja y CAM), que acompañó de todo tipo de
apoyos como el rescate y devolución de la concesión en mejores condiciones a
las mismas empresas cuando el negocio hizo crisis. Posteriormente este
modelo (incluyendo en algunos casos la Atención primaria y la sociosanitaria)
se ha extendido a los hospitales de Torrevieja, Denia y Manises y se aplicará a
los nuevos hospitales de Elx-Crevillent y Torrent. A esto habría que añadir la
privatización de los servicios de radiología avanzada (que ha multiplicado la
realización de pruebas) y la “externalizacion” de otros servicios. Los sobrecostes de la financiación privada han llevado esta CCAA a la bancarrota, según
ha denunciado la Sindicatura de Cuentas. Recientemente las autoridades
valencianas han anunciado su intención de concentrar todos los servicios
“externalizados” como los servicios generales (limpieza, lavandería,
restauración, mantenimiento), los servicios concertados (oxigenoterapia,
hemodiálisis) y la logística (almacenes, distribución, compra), para
posteriormente adjudicarlos a empresas privadas. La idea es que la Generalitat
se concentre en la gestión sanitaria, dejando lo demás (el negocio económico)
en manos de operadores privados.
Comunidad de Madrid
El gobierno autonómico esta embarcado en una vorágine privatizadora que
incluyó en un primer momento la financiación y gestión privada de siete
hospitales; la concesión a otros tres de la atención y la gestión; la privatización
de los laboratorios y su adjudicación a una empresa privada; la externalizacion
de los servicios de radiología (Anillo Radiológico); la adjudicación a un hospital
privado (Fundación Jiménez Díaz) la atención especializada de 400.000
habitantes mediante un concierto singular muy favorable a los intereses de la
misma; la cesión de dos centros de especialidades a una multinacional; la
privatización de la construcción y gestión de 27 centros de salud; el cierre de
dos hospitales públicos y la trasformación de un gran hospital tercero en un
geriátrico (que se deberá hacer cargo de la atención de pacientes crónicos con

pluripatologías muy costosas de atender, liberando de este gasto a los centros
privados financiados con dinero público). Paralelamente se están de debilitando
los centros públicos, rebajando su presupuestos (un 16% de promedio en
hospitales y un 7,03% en AP) y reduciendo sus plantillas mediante un ERE
oculto al adelantar la jubilación obligatoria de los medicos a los 65 años sin
reposición de las vacantes creadas (se han perdido así más de 1.000 plazas
médicos). Por último señalar que previamente se habían desmantelado las 11
áreas sanitarias (necesarias para planificar y gestionar los recursos de manera
integrada y en función de las necesidades especificas de cada zona) con la
finalidad de crear un gran espacio el libre mercado y a la competencia entre
centros públicos y privados.
Galicia
Además de severos recortes en gasto, la Xunta ha privatizado servicios
estratégicos como la Central de Llamadas, la Plataforma Informática, la Central
de Compras, el sistema de archivos, o la provisión, gestión y control de los
recursos de alta tecnología (GALARIA), etc. También se han puesto en manos
privadas servicios como la diálisis renal de algunos hospitales o se están
desmantelando algunas áreas sanitarias, paso previo a su eliminación total.
También se ha recurrido a la financiación y gestión privada para construir el
Nuevo Hospital de Vigo mediante un contrato con un consorcio privado en
quiebra económica (la construcción lleva un retraso de tres años y no esta clara
su culminación por falta de financiación), lo que además de multiplicar su coste
ha ido acompañado de una reducción superior al 30% en los recursos previstos
en camas, equipamiento, espacio, etc. Si se trasladara este modelo a la
financiación (siete veces superior al coste real), a las obras de los nuevos
centros de salud y planes directorios previstos para reparar y ampliar 7
hospitales o 66 centros de salud, el presupuesto para asistencia quedaría
reducido al 4% del total, algo incompatible con el mantenimiento del sistema
público
Castilla la Mancha
La señora Cospedal, Secretaria General del PP y presidenta de la CCAA, tiene
previsto sacar a licitación la gestión integral (de servicios tanto sanitarios como
no sanitarios) de cuatro hospitales públicos, siguiendo el llamado modelo
Alzira. La empresa concesionaria (que apunta a Capio Sanidad) pretende
quedarse también con la gestión de los nuevos hospitales de Madrid. Además
ha paralizado la construcción del Hospital General Universitario de Toledo por
conflictos de intereses, nada claros, con las constructoras. La empresa
Ferrovial ha conseguido contratos para mantener y limpiar hospitales, por valor
de 30 millones de euros. En esta comunidad autonóma además de recortes de
prestaciones y personal, se han cerrado numerosos servicios de urgencias en
zonas rurales con comunicaciones difíciles.

Cataluña
Esta Comunidad, pionera en la concertación con el sector privado, ha
desarrollado múltiples fórmulas de gestión y provisión de servicios sanitarios
(Consorcios, Fundaciones, Sociedades Anónimas, Entidades de Base
Asociativa- EBAS etc.), y puesto en práctica un proceso de fragmentación del
Instituto Catalán de la Salud (ICS) concediendo autonomía de gestión a los
hospitales y centros de atención primaria, “externalizando” gran parte de sus
servicios, incluso en etapas de gobiernos progresistas. Con la vuelta al poder
de Convergencia i Unión (partido de ideología neoliberal absolutamente servil
a los intereses del mercado, con muchos responsables con intereses en el
sector empresarial como el Conseller de Sanidad Boi Ruiz, presidente de la
Únio Catalana de d´Hospitals, privados), la privatización ha adquirido un gran
impulso con recortes presupuestarios, cierre de hospitales, camas, salas y
despidos de personal contratado e interino. La comunidad autonóma ha sido la
primera en aplicar copagos y otras tasas por el uso de los servicios públicos.
Existe un plan estratégico elaborado por la consultora PwC, que incluye la
venta, vía subasta, de partes fundamentales del sistema sanitario como
hospitales, servicios de ambulancias Servicio de Emergencias Médicas (SEM),
laboratorios o la empresa que gestiona los servicios de diagnóstico por imagen
en los grandes hospitales públicos. Se pretende poner en manos privadas
hospitales, y centros de atención primaria y un centenar de otros dispositivos
Murcia
En la Región de Murcia se ha reducido el presupuesto en sanidad por segundo
año consecutivo, suponiendo el presupuesto del 2013 una disminución del
24%, con respecto al del 2010. Ello se ha traducido en una pérdida de 850
profesionales sanitarios, con una importante reducción de la actividad y un
incremento intolerable de las listas de espera (En doce meses se ha
multiplicado por 15 el número de pacientes que esperan más de un año para
ser operados). Como solución se ha comenzado con un plan de derivación de
pruebas diagnósticas, y de intervenciones quirúrgicas a hospitales privados
concertados. Así mismo se ha planteado la centralización de Laboratorios en
varios Hospitales, lo que podría ser un primer paso para su “externalización”.
La Central de Compras y de Logística está privatizada desde 2010, sin que
haya conseguido reducción del gasto; y el Plan de Reequilibrio Económico
Financiero de 2012 supuso el cierre de varios puntos de atención continuada
rurales y de especial aislamiento
Aragón
Con la llegada del PP al Gobierno de Aragón las dinámicas de privatización y
los recortes se han acentuado, tal es así que si desde 2010 la inversión/cápita
ha disminuido en un 24% en términos reales que no nominales, en el ultimo
año ha sido de, al menos, el 15%, recortándose 238 millones de euros del
presupuesto sanitario publico a la vez que se incrementan 18 millones para la
privada. Aragón es una de las CCAA que aplica con mas rigor el RDL 16/2012

y el nuevo hospital a construir en Alcañiz esta previsto que sea de financiación
privada (PFI); se esta en proceso de desmantelar el centro de especialidades
Grande Covian, de la margen izquierda del Ebro y se habla de que pueden
hacer lo mismo con el de Monzón (Huesca). Se están cerrando laboratorios
clínicos en toda la CC. AA. para abrir un macrolaboratorio que
presumiblemente privatizaran y se han suprimido los servicios de urgencias de
22 municipios. Esta previsto privatizar los servicios de salud mental, todo tipo
de servicios auxiliares y de atención sociosanitaria, cuando un 30,4% de los
dependientes aragoneses reciben atención de este tipo.
El Sistema adolece de algunos aspectos que favorecen las privatizaciones:
obsolescencia tecnológica (no hay PET público, oferta de RNM inferior a la
demanda), escasez de camas de crónicos, paliativos y camas geriátricas con
generalización de conciertos con entidades privadas (públicas 214 y privadas
concertadas 188).
En 2012, los despidos son la norma y para ello se limita el horario de los
consultorios (22 varios rurales) y se centralizan servicios (macrolaboratorio con
gestión privada, psiquiatría…) cierre de centros de atención especializada por
las tardes, supresión de 500 camas en verano y vacantes de especialistas no
cubiertas que han duplicado las esperas en esas especialidades. Las
jubilaciones a los 65 años con reposición del 10% de vacantes es de gran
importancia en Aragón porque supondrán 833 médicos menos (este año 400
menos sobre un total de 6.283). Se ha anunciado el cierre de Puntos de
Atención Continuada (salvo 8, uno por sector) y hay 24 centros cuya reforma es
prioritaria (sin presupuesto).
Se han incrementado los conciertos privados: Equipos de Soporte de Atención
Domiciliaria, de los 8 sectores, en 5 hay Convenios privados para esta
Atención; en Salud mental predominan los Conciertos privados para media y
larga estancia, Centros de Día, pisos, talleres, centros ocupacionales de
inserción (solo hay 200 plazas en Aragón, en su mayoría privadas). En
drogodependencias solo hay un Centro de gestión directa y el resto son
concertados; el gasto para la implantación de la receta electrónica ha supuesto
un convenio privado con Colegio de Farmacéuticos y APISCAM y una
adjudicación a la empresa INDRA Sistems; el Consorcio Aragonés de Alta
Resolución (CASAR) con una cobertura de unas 150.000 personas. Entidades
privadas del tercer sector aragonés En Aragón atienden a 155.063 personas.
Un 7,8% de estas organizaciones tienen actividad en el área de salud. Hay una
empresa pública Banco de Sangre. Convenio con la Mutua de Accidentes de
Zaragoza para la atención de Traumatología para 33.000 personas del sector
Zaragoza I. Es un convenio sustitutorio con pago por número de usuarios (les
asistan o no). El hospital de la Defensa en 2010 presta asistencia sanitaria a 3
zonas de salud con 35.373 habitantes (hospital sustitutorio para toda la cartera
de servicios). Entidades S.A.L: convenio para pacientes crónicos dependientes
y rehabilitación ambulatoria del sector Zaragoza II, convenio para ESAD,

atención bucodental; gestión de desplazamientos para hemodiálisis.
Tratamientos de rehabilitación Atención Psico-oncológica, clínicas privadas
para cirugía .Transporte sanitario (Ambuibérica y T.S. Cataluña). Servicio de
Oxigenoterapia, Aerosoles, CPAP, BIPAP Ventiladores, etc. Central de
llamadas privada: CETET Centralización de las citas a través de una central
(similar a la de Madrid). Hay un Ente Público Aragonesa de servicios
telemáticos proveedor principal de la Administración en relación con los
servicios para la información y las telecomunicaciones. Las citas se conciertan
por el Proyecto SALUD Informa: teléfono 902 (UTE Telefónica) también
gestiona información. Historias Clínicas: Contrato con la empresa privada S.
Servicio Móvil para su archivo y custodia en el Sector Zaragoza l
Cantabria
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha adjudicado todos sus
servicios a una empresa a cambio de la construcción de la última fase del
mismo (PFI). Se han cerrado centros de salud dejando a los pacientes sin
atención fines de semana y festivos
La Rioja
La gestión de los servicios de Radiología se sacarán a concurso para
adjudicarlos a una empresa privada, al igual que la gestión de la Fundación
Hospital de Calahorra. La dirección del centro será adjudicada a una empresa
de forma que “aportará su conocimiento” a la gerencia del hospital, con el
objetivo de la total privatización del centro, dejando fuera del control público
tanto la contratación de personal como la función asistencial.
Castilla y León:
La financiación y gestión del nuevo Hospital de Burgos se ha abordado de
acuerdo al modelo PFI, que incluye la alta tecnología de centro. En esta
comunidad autónoma también se han cerrado servicios de urgencias en el
medio rural
Extremadura
El gobierno del Partido Popular ha previsto utilizar la fórmula de la concesión
administrativa para financiar y gestionar dos de sus hospitales (PFI), algo
inédito en una comunidad autónoma sin ninguna experiencia en fórmulas
privadas. También se han cerrado algunos PAC rurales.

Baleares
El hospital Son Espasses (Palma de Mallorca) ha entregado a una
concesionaria privada la construcción, equipamiento, mantenimiento y servicios
no médicos (PFI). El gobierno balear está preparando la extensión de este
modelo a los hospitales comarcales de Inca y Manacor, incluyendo además la
parte asistencial de los centros. También se ha anunciado la intención de
cobrar a los pacientes por el uso de la sanidad pública, además de cerrar por la
noche los centros de salud con menor actividad y cobrar por aparcar en los
hospitales.
Andalucía
La privatización en Andalucía es cualitativamente similar a otras comunidades,
cuantitativamente poco relevante y, lo más importante, no avanza desde finales
de los años 90.
• Desde un punto de vista cualitativo la concesión de la atención
especializada de áreas enteras de población a la orden de San Juan de
Dios (Consorcio Hospitalario Aljarafe en Sevilla) y a la Empresa Pascual
(Hospitales de la Sierra de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda), la colaboración
público privada para la radio-farmacia y la dotación tecnológica del nuevo
hospital de Granada, no difieren en mucho de experiencias realizadas en
otras comunidades.
• Desde un punto de vista cuantitativo el porcentaje de población atendida
bajo modelos privatizados y el porcentaje de gasto total en concesiones,
conciertos singulares y “externalizaciones” es relativamente bajo respecto a
otras comunidades, no alcanzando el 5% del gasto sanitario total.
• Respecto a la tendencia, y quizás esto es lo más importante, la privatización
no se han visto agravada en las tres últimas legislaturas, más bien al
contrario, se ha reducido en lo que respecta a la “externalización” de
pruebas diagnósticas y conciertos singulares quirúrgicos y auto-conciertos.
• Sí existe una muy amplia red asistencial y de apoyo constituida inicialmente
como empresas públicas o fundaciones al amparo de la ley de nuevas
formas de gestión, ahora agencias públicas. Se trata del dispositivo del 061,
los hospitales Costa del Sol, el Ejido y la amplia red de hospitales de alta
resolución (12 abiertos y 11 previstos), así como las fundaciones
encargadas de tareas de gestión de calidad, docentes y de investigación.
En principio centros 100% públicos no deberían ser computados como
experiencias de privatización.
La sanidad pública andaluza tiene grandes fortalezas que pueden hacer que
afronte la crisis con éxito: una apuesta por la planificación y la racionalidad
frente a las presiones del mercado como es patente, por ejemplo en la política
farmacéutica, o en la distribución territorial y la organización funcional de los
recursos, una apuesta por la salud pública, una atención primaria más
desarrollada que en otras comunidades que recibe el 18% del gasto sanitario

público y con una política sostenida de inversión en infraestructuras, una
apuesta fuerte por la gestión clínica que, pese a la falta de normativa y a la muy
mejorable estructura de calidad y algunos otros problemas, es un modelo
consolidado que está permitiendo una creciente articulación de los
profesionales y una apuesta, con todos sus claroscuros, por la modernización
de lo público como es el caso de las nuevas tecnologías, la formación o la
investigación.
Entre los enormes riesgos figuran, fundamentalmente, la caída en picado de la
financiación per cápita desde 2011 que ha implicado importantes recortes de
personal (no sustitución de jubilaciones, no renovación de eventuales y
reducción al 75% de la jornada de los eventuales). Estas medidas han
generado un enorme descontento entre los profesionales y pueden
comprometer el mantenimiento de las prestaciones actuales como se está
viendo ya con la atención domiciliaria y ciertos programas en atención primaria.
Destacar también la ausencia de un modelo de atención socio-sanitaria dada la
muy reciente unificación de las competencias de salud y bienestar social, la
nula voluntad de luchar contra las incompatibilidades de los profesionales y las
fuertes inversiones que está realizando el sector privado en las áreas urbanas
de Málaga y Sevilla donde prácticamente todas las aseguradoras y empresas
locales están ampliando sus infraestructuras, buscando negocio ante el
previsible deterioro de la sanidad pública con los recortes.
Canarias
La privatización se refuerza cada vez más concertando servicios sanitarios
con entidades privadas. Cabe resaltar que la media española de camas en la
sanidad privada es de 6,88 por 10.000 habitantes, en Canarias es de 14,30. El
sector privado controla el 40 por ciento de las camas de agudos de la red de
utilización pública, ingresa más del 31,7 por ciento de los procesos agudos
financiados por el Servicio Canario de Salud. En 2012 la concertación supuso
un 8% (206,7 millones de euros) que en 2013 aumentaron a 210,3: cirugía,
hemodiálisis, oxigenoterapia en domicilio, radiología, resonancias magnéticas,
medicina nuclear, salud buco-dental, lavandería y mantenimiento. Mientras, se
infrautilizan los recursos públicos.
Se han aplicado dos vías más para privatizar la sanidad pública, una que
empresas privadas gestionen en dependencias sanitarias públicas
directamente los servicios con su propio personal y otra que el Gobierno
canario realice un procedimiento de concesión de obra pública, donde la
empresa privada sanitaria redacta el anteproyecto de obra, la construye y luego
la explota con su propio personal privado, es el caso de Radioterapia
Oncológica en el Hospital Materno-Infantil.
En cuanto a los recortes, desde 2008 hasta la actualidad el presupuesto ha
menguado en más de 500 millones, ahora para 2013 tiene una reducción real
de 218 millones (el 8% de sus fondos) sobre todo por el pago a las farmacias
de 190 millones de euros. En el capítulo de personal se ha sufrido una
reducción de 2000 empleos. En los hospitales públicos, con el cierre de
quirófanos de tarde las listas de espera quirúrgica tienen un tiempo medio de

espera del doble que la media estatal. Obras paralizadas de centros de salud y
hospitales comarcales, cuestionamiento de la Unidad de Cirugía Cardíaca
Infantil del Hospital Materno y de otros programas y servicios, sobre todo
quirúrgicos donde se suspenden intervenciones, incluso oncológicas, por falta
de materiales. En la actividad quirúrgica de mañana se está viendo afectada la
Cirugía Mayor Ambulatoria. Se están suspendiendo consultas de tarde de las
especialidades hospitalarias, también se están tratando de reducir las consultas
de mañana.
Quien gana y quien pierde con esta política
Ganan
Los principales beneficiarios de esta política son las grandes aseguradoras, la
industria farmacéutica y de tecnología sanitaria que tendrán la oportunidad
para ampliar su negocio. Las entidades de capital riesgo como CAPIO
Sanidad, Ribera Salud (Sanitas y Adeslas), USP-Quiron; grupos empresariales
como HM hospitales, que se están apoderando con gran parte de los hospitales
de numerosas CCAA. Aseguradoras sanitarias a las que se facilita clientela y
ayudas fiscales (desgravaciones por suscripción de pólizas complementarias).
Empresas auditoras como PWC que están suplantando a la administración en
las funciones de Planificación Estratégica (elaborando los Planes de Salud
Autonómicos, Planes Directorios de Hospitales, concursos de adjudicación de
plazas, provisión de recursos etc.), lo que le otorga una enorme capacidad para
utilizar los fondos públicos para satisfacer sus intereses económicos y
empresariales. Estas medidas también benefician a los grupos de gerentes y
expertos sanitarios que actúan como un potente lobby profesional. También
forman parte de los ganadores los dirigentes del Partido Popular, familiares
y allegados que salen y entran de la administración y de las empresas
adjudicatarias en función de sus intereses (puerta giratoria). Por último las
empresas constructoras afectadas por la crisis del ladrillo que ven en la PFI
la oportunidad de seguir con sus negocios utilizando los prepuestos sanitarios
públicos y las entidades bancarias (financiadoras de las PFI), que se
benefician de los contratos millonarios a pagar por las administraciones
públicas

Pierden
Los ciudadanos en general que han sufrido recortes en sus derechos
sanitarios, que deben pagar más por la una asistencia sanitaria que antes se
financiaba con impuestos (manera más justa y progresiva socialmente), y que
deberán contratar seguros privados para complementar la menor oferta de
servicios de la atención sanitaria pública, por otro lado pierden también la
garantía de que en su atención sanitaria priman la evidencia científica y los
intereses generales y no los criterios empresariales . Las personas con
menos recursos, desempleados, parados, los pensionistas que verán
dificultado su acceso a las prestaciones sanitarias por carecer de dinero para
afrontar los múltiples copagos. Las personas mayores, los enfermos
crónicos y los discapacitados que necesitan más atención sanitaria y
mayores recursos terapéuticos y rehabilitadores, y que son los más afectados
por los recortes y privatizaciones. Los profesionales y trabajadores de la
Sanidad que han perdido salarios, derechos laborales, estabilidad en el
empleo y puestos de trabajo. Los sanitarios tienen además una menor
oportunidad para desarrollar su profesión, conocimientos y habilidades y
muchos de ellos se verán obligados a emigrar a otros países para poder
trabajar, pese al enorme esfuerzo que el sistema educativo y sanitario ha
dedicado a su formación. Estas perdidas serán mayores entre las mujeres que
son numéricamente predominantes en el sector. Pierde también la economía
española que con los recortes en los servicios sanitarios y socio-sanitarios
reduce los puestos de trabajo que estimularán la economía y reduciría la
elevada tasa de desempleo. Por último hay que recordar que los sistemas
sanitarios públicos universales y accesibles son necesarios para mantener la
fuerza de trabajo que se asocian a mejores niveles de desarrollo económico y
social.
Estrategias para defender el sistema sanitario público
La contradicción de intereses entre ganadores y perdedores de esta política, de
desmantelamiento y privatización de la sanidad pública, marca con claridad
que hacer. Aunque es verdad que la privatización está apoyada y respalda por
grupos de presión muy poderosos, los afectados por la misma son la mayoría
de la población. Solo una gran alianza estratégica entre la ciudadanía y los
trabajadores sanitarios puede paralizar ese proceso, que sólo beneficiará a una
minoría, eso sí muy poderosa e influyente.
La multiplicidad de colectivos, organizaciones e intereses sociales en juego,
supone un evidente obstáculo para alcanzar este objetivo. La unidad en la
defensa del derecho a la salud y de un sistema sanitario público que la
garantice, solo parece posible mediante una estructura organizativa que
respete la autonomía, la ideología, los intereses generales, la estrategia de
intervención y las formas de organización de cada grupo social y profesional.

Es necesario crear estructuras horizontales, no jerarquizadas; que incluyan a
la mayoría de los colectivos sociales y profesionales; que trabajen por
objetivos acordados previamente; que adopten las decisiones por consenso
evitando la creación de estructuras directivas y las votaciones, que no den pie
a la constitución de alianzas internas y alineamientos por hacerse con el
control. Es conocido como las administraciones siempre se han aprovechado
de estas cuestiones para dividir a las fuerzas sociales y profesionales.
La estrategia pasaría por crear redes de organizaciones en base a intereses
comunes y objetivos fáciles de definir, para posteriormente crear redes más
amplias con otros grupos de organizaciones y colectivos, con objetivos
compartidos.
Ser profesional o usuario de los servicios sanitarios, la pertenencia a una
categoría profesional, el compartir problemas de salud, el género, la edad, el
territorio donde se vive, etc. son lazos que unen a la gente, aunque el derecho
a la salud y la existencia de un sistema sanitario público universal, equitativo,
accesible, redistributivo y de calidad, bien gestionado y racionalmente
equipado, es otro importante estímulo para articular la unidad de actuación.
Las Plataformas para la Defensa de la Sanidad Pública, integradas por
organizaciones sociales; sindicatos; colectivos profesionales; instituciones; y
organizaciones políticas, impulsadas por la FADSP y su coordinación con las
Plataformas en Defensa de los Servicios Públicos más amplias y que
integran a otros colectivos, son la aplicación práctica de esta estrategia. Las
Plataformas están teniendo evidentes resultados en la movilización contra los
recortes y las privatizaciones puestas en práctica en el Estado y en gran parte
de las CCAA.
El objetivo esencial de la movilización en Defensa de la Sanidad Pública pasa
por compaginar la movilización contra medidas de corte estratégico para
el conjunto del Sistema sanitario como los recortes de gasto público; el RD
Ley 16/2012; la privatización de los centros sanitarios recurriendo a la
financiación privada (PFI); las reducciones de personal de las plantillas de los
centros; con otras de ámbito local o autonómico como el cierre de
hospitales públicos y servicios de urgencias; el cierre de plantas, quirófanos y
servicios; el desmantelamiento de áreas sanitarias; la privatización de
laboratorios y servicios de radiología; la privatización / “externalización” de
servicios sanitarios y no sanitarios de los hospitales, la centrales de información
y de compras o las plataformas informáticas, etc.
Solo la alianza ciudadana y profesional dotada de estructuras estables que
primen la unidad sobre las diferencias hará factible el poder frenar el
desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública.
FEDERACION DE ASOCIACIONES
PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA
Abril de 2013

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